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El estado de alarma de marzo de 2020 no fue el todo legal

Confirmado, el estado de alarma de marzo de 2020 no fue el todo legal. Desde que en marzo de 2020 el Gobierno decretara el estado de alarma y el consiguiente confinamiento de la población para evitar la expansión del coronavirus, todo fueron dudas sobre su legalidad. ¿Era realmente posible suspender un derecho fundamental tan importante como la libertad de movimientos con esta figura jurídica? ¿hacía falta un estado de excepción?

El debate entre los juristas no ha cesado desde entonces, y la cuestión ha llegado al Tribunal Constitucional. Después de una compleja deliberación, se ha llegado a la conclusión de que la privación de derechos acordada no era viable. Solo podía ser viable si se amparaba bajo el paraguas de un estado de excepción, cosa que no ocurrió. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las sanciones impuestas?

El estado de alarma de marzo de 2020 no fue el todo legal

Hace unas semanas ya comentábamos en el blog la inminencia del pronunciamiento sobre la legalidad o ilegalidad del confinamiento por parte del Tribunal Constitucional.

Tras la deliberación, entienden los magistrados que la figura del estado de alarma no fue correctamente aplicada en este caso. Este no permite llevar a cabo una suspensión de derechos y libertades fundamentales. Por disposición expresa de la Constitución, algo así solo puede darse bajo el estado de excepción.

Los expertos no están en contra del confinamiento como tal, sino en contra de cómo se adoptó esta medida. Dado que la misma supuso coartar totalmente la libertad de movimientos de los ciudadanos, se debería haber adoptado un estado de excepción y no uno de alarma.

¿Qué pasa ahora con las multas impuestas?

Tras la declaración del Tribunal Constitucional, ahora sabemos que la suspensión de la libertad de movimientos fue inconstitucional, así que a efectos prácticos es como si no hubiera existido.

Quienes en su momento pagaran la multa por saltarse el confinamiento podrán reclamar a la Administración que les devuelva el dinero. En el caso de procedimientos sancionadores que todavía sigan abiertos, se tendrá que proceder a su archivo.

En una situación más grave estaban todos aquellos a los que se les abrió un procedimiento penal por desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad cuando estos intentaban hacer cumplir la normativa que restringía la movilidad. Para muchos de ellos, el proceso todavía está abierto, pero tras la decisión del TC este tendrá que acabar con el archivo de las actuaciones o con la absolución.

Además, el descontento de los ciudadanos ante la privación de su libertad de movimientos llevó a algunos a saltarse el confinamiento y resistirse a las autoridades, lo que en algunos casos acabó con los implicados en comisaría. Estos afectados también podrían llegar a exigir responsabilidad por ese tiempo durante el que fueron privados de libertad por algo que, en realidad, sí podían hacer.

La paralización de la actividad económica

Otra cuestión importante es qué va a pasar con los miles de empresarios que se vieron obligados a tener sus negocios cerrados durante semanas. Sus pérdidas se cuentan por millones de euros.

La sentencia estima parcialmente el recurso y no considera que la obligación de paralizar la actividad económica sea inconstitucional. Sin embargo, al no permitir a los ciudadanos moverse libremente, incluso aquellos negocios que estaban habilitados para permanecer abiertos sufrieron grandes pérdidas ante la ausencia de clientela.

Se abre entonces la posibilidad de que los afectados reclamen una indemnización por lucro cesante que podría costarle a la Administración Pública unos cuantos millones de euros.

Los afectados actúan

Si te pusieron una multa por saltarte el confinamiento ha llegado el momento de pasar a la acción y reclamar. Recopila toda la documentación que tengas en casa relacionada con este tema. En tu reclamación vas a tener que exponer la causa por la que se te sancionó y la cuantía de la multa. Además, deberás acreditar de forma fehaciente que has llevado a cabo el pago de la multa.

En caso de que tu situación fuera algo más grave y se iniciara un proceso penal por desobediencia a los agentes de la autoridad, entonces tendrás que pedir a través de tu abogado el archivo de las actuaciones o tu absolución.

Todavía no se ha publicado la sentencia ni los votos particulares. Queda mucho por decir sobre el primer estado de alarma, pero está claro que la situación se vuelve cada vez más favorable para los ciudadanos que sufrieron sus efectos. Si te multaron, te detuvieron, o sufriste pérdidas en tu negocio, la sentencia del Tribunal Constitucional te abre el camino hacia la reclamación.

En Actúa Legal tenemos a tu disposición más de 250 abogados especializados, entre otras áreas, en reclamaciones. Si has sido perjudicado por las restricciones a la movilidad impuestas durante el primer estado de alarma, no lo dudes y ponte en manos de expertos para iniciar cuanto antes tu reclamación. Ahora que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, es hora de pasar a la acción. ¡Exige lo que te corresponde!

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